El Parlamento Europeo ha votado a favor de una legislación centrada en la producción de baterías sostenibles, duraderas y más fáciles de arreglar, lo que parece un anticipo a la Ley de la Cadena de Suministro presentada por la Comisión Europea.

Esto es para conseguir estos dos puntos:

  • Se prohibirá la instalación permanente de baterías en dispositivos electrónicos
  • El objetivo es conseguir una tasa de reciclaje de baterías del 90%

La mayoría de los productos que tenemos, compramos y utilizamos tienen una batería, ya sea recargable o no, en ellos.

Son utilizadas en todo tipo de productos, desde cepillos de dientes eléctricos, teléfonos móviles a vehículos eléctricos, y se estima que este mercado mueva para 2025 alrededor de 250.000 millones de euros.

Sin embargo, el porcentaje de baterías que son recicladas en Europa sigue siendo muy bajo. Por ese motivo, el Parlamento Europeo quiere extender una nueva normativa en referencia a la producción y mantenimiento de las baterías.

La preocupación de la Unión Europea (UE) por la vida útil de las baterías tiene dos explicaciones, por un lado, el impacto medioambiental que tiene la producción de tantas baterías para suplir la demanda. A la vez que esta decisión también viene motivada por la guerra entre Rusia y Ucrania y la dependencia de suministro de materias primas que tiene la UE de estos mercados independientes.

Por ello, los eurodiputados han votado a favor de una legislación que se propuso en 2020, endureciendo algunos puntos todavía más.

Cabe destacar que el parlamento está a expensas de que primero la Comisión Europea presente su análisis y propuestas, tienen hasta 2025 para hacerlo. Luego tendrán que acordar con el Consejo de ministros las pautas para poner esta normativa en vigor.

El primero de los objetivos de esta normativa es que para 2026 se alcance una tasa de reciclaje de baterías del 90%. 

Para ello se creará un sistema de depósito de pilas y baterías recargables, aunque el verdadero impacto será sí se consigue prohibir la instalación permanente o el pegado de baterías en cualquier dispositivo electrónico.

La Eurocámara quiere que los fabricantes informen a los consumidores del rendimiento y vida útil de las baterías además de asegurarse de que haya baterías de reemplazo disponibles para cada producto.

Se obliga también a ofrecer las herramientas necesarias para que ya sean los propios usuarios o tiendas de arreglos, los que puedan reemplazar las baterías.

Está previsto que esta nueva ley para las baterías entre en vigor para el 1 de enero de 2023, aunque todavía se tiene que aprobar con el Consejo de ministros.

Aun así, no todas las medidas se implementarán para entonces, ya que no será hasta 2027 cuando se prohíba la producción de baterías con combustibles fósiles y se extienda la normativa de que toda nueva giga factoría en construcción en la UE funcione con energía 100% ecológica.